Hace un par de años la Universidad pública en donde radico anunció una conferencia sobre un tema que versaba sobre el orden constitucional y los derechos humanos, el ponente resultaba ser un funcionario legítimo venezolano contrario al régimen oficial. Enseguida, un grupo de inconformes denunciaron que el conferencista trataría temas de “propaganda política conservadora” y no temas académicos, y que era una especie de plan para introducir ideologías de derecha, conservadora e inclusive fascista en la Universidad. Y pese a identificarse como un grupo de ciudadanos interesados en la democracia solicitaron la cancelación del evento. Petición a la cual sucumbió finalmente la Universidad.
De acuerdo a este grupo, la Universidad debía ser intolerante con ideas contrarias a las suyas, es decir, a ideologías de izquierda y liberales. Y por tanto no reproducir ni dar espacios a ideologías de derecha y conservadoras. No dar oportunidad a las y a los estudiantes de escuchar por ellos mismos todas las ideologías y formarse su propio criterio. Entiendo entonces que este grupo supuso que las y los estudiantes no tenían la capacidad de discernir entre varias ideologías y en consecuencia este grupo se apropió de la responsabilidad y el deber de protegerles de cualquier ideología intolerable… a la suya.
Esto no es nuevo, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper nos muestra ya los riesgos del pensamiento absoluto en aparente protección de la población. Este pensamiento restringe la libertad de expresión en nombre del bien común. ¿Cómo calificamos aquella vieja práctica medieval religiosa de quienes impulsaban prohibiciones religiosas y castigaban que ciertos libros llegaran a personas jóvenes y mujeres? La constante en que se justifica esta conducta –ayer y hoy- es ungirse como Protector de los Débiles.
La libertad de cátedra tampoco es absoluta, tiene diversa relevancia y variables de protección dependiendo si se ejercita en una universidad o en una escuela, y si es un centro educativo público o privado. Obviamente, en el caso que nos ocupa estamos ante una universidad pública que debe difundir todas las formas de pensamiento conocidas por la humanidad, generar un espacio de libertad intelectual tanto para docentes como para las y los alumnos de adquirir todos los conocimientos.
La universidad y sus alumnas y alumnos tienen el derecho de difundir y conocer las posturas y doctrinas de derecha y conservadoras, por más aberrantes que las consideren los grupos de izquierda y/o liberales. Cada vez que en una universidad se cancela a un ponente, se censura un argumento o se opaca una forma de razonamiento.
Es cierto, hay límites a la tolerancia, y radican solamente en aquellas acciones que deliberadamente inciten al odio y a la violencia, no supuesta, sino objetiva, como en el caso recordado en un artículo anterior, sobre el genocidio ruandés en 1994, en el que el entonces Presidente Juvenal Habyarimana llamó a su población hutu (la gobernante) a exterminar a la comunidad tutsi. Lo que provocó la tragedia calculada de casi un millón de personas asesinadas, masacradas. Supuesto que no cumple una conferencia universitaria aún en el caso de que versara sobre los beneficios de la derecha y los riesgos de la izquierda.
El deber y obligación de la Universidad ante posturas ideológicas opuestas es solamente darles igual oportunidad de exposición, y garantizar así que las alumnas y alumnos lleguen a sus propias conclusiones, y no cancelar este tipo de eventos.
Como siempre, la mejor respuesta la tiene usted.
POR SERGIO MONTOYA MÉXICO
